DECLARACIÓN PÚBLICA “CONDENA VIOLENCIA, VANDALIZACIÓN Y DESTRUCCIÓN PATRIMONIAL”

En atención a los recientes ataques que ha sufrido nuestro patrimonio cultural a lo largo del país, que en una magnitud nunca antes vista se vienen a sumar a permanentes transgresiones producidas desde mucho antes que iniciara el presente estallido social, como Comité de Patrimonio Arquitectónico y Ambiental del Colegio de Arquitectos de Chile A.G., debemos ampliar nuestra Declaración Pública “Crisis Social, Política y Urbana” del 22 de octubre recién pasado. Así:

1. Reiteramos nuestro más profundo rechazo a toda forma de violencia y al descontrol con el que actúan vándalos, delincuentes y grupos organizados de violentistas cuyo objetivo parece no ser otro que atentar y dañar los derechos colectivos y, entre otros, profundizar las condiciones de desgobierno que por momentos viven importantes zonas de nuestras ciudades y centros poblados. Dichas acciones, impactan negativamente en el espíritu de cada una de las manifestaciones pacíficas que se convocan a lo largo de nuestro territorio, así como ensombrecen el verdadero mensaje que se busca trasmitir respecto a las legítimas demandas ciudadanas por una mayor justicia social. En este contexto, el control de orden público implica destinar ingentes recursos materiales e inmateriales y una justificación a la autoridad para no abordar de manera decidida respuestas válidas y factibles a las peticiones que está manifestando una gran parte de nuestra sociedad.

2. Con la misma convicción, y reconociendo la legitimidad del monopolio de la fuerza por parte del Estado, condenamos categóricamente cuando ésta es ejercida de forma desproporcional y hasta brutal por instituciones de la fuerza pública, como tristemente hemos sido testigos en estos días. Ello atenta contra los derechos humanos y deslegitima al Estado, abriendo profundas heridas en el cuerpo social que estimamos serán difíciles de superar en el mediano plazo.

3. En lo referente al daño a nuestro patrimonio arquitectónico y urbano nacional, materia ésta de nuestra especialidad, condenamos sin miramientos el vandalismo y destrucción a la que se han visto afectas numerosas edificaciones y monumentos públicos de nuestras ciudades – más allá de si cuentan o no con protección legal – e independientemente de quién lo haya producido. Su transgresión no sólo impacta en la dimensión simbólica y representativa de estos, aspecto que eventualmente podría ser objeto de resignificación por parte de las comunidades e instituciones que los interpretan y significan, sino que lesiona, en muchos casos de forma grave e irrecuperable, sus atributos materiales, formales y compositivos, elementos sustantivos de su valoración patrimonial. La pérdida de patrimonio atenta contra nuestra memoria colectiva y de los que sienten una especial identificación con sus expresiones y condiciones que las generaron. Esta situación afectará irremediablemente el sentido de pertenencia y arraigo de muchos compatriotas y en definitiva producirá un resquebrajamiento de la cohesión social en nuestro país.

4. La grave transgresión que ha sufrido parte relevante de nuestro patrimonio material, ha puesto en evidencia la desvinculación que ciertos sectores de nuestra población tienen con aquellos recursos que tradicionalmente hemos reconocido y destacado, situación que nos hace asumir, con la mayor responsabilidad, la urgente necesidad de reforzar la sensibilización de la comunidad en general y también del propio Estado, respecto a la diversidad y valor que este posee.

5. De igual manera, resulta perentorio iniciar un proceso de revisión de aquello que consideramos patrimonio y de la importancia de incorporar dentro del discurso “patrimonial“ a numerosas expresiones materiales e inmateriales que provienen de las denominadas subculturas, culturas emergentes o culturas alternativas, las cuales para determinados grupos no sólo resultan válidas, sino que legítimas en sus propios contextos. En efecto, entendemos que estas últimas son en parte resultado de la marginalidad, exclusión y segregación que miles de compatriotas han vivido a lo largo de décadas, las cuales hoy deben ser abordadas e integradas a los procesos de patrimonialización, valorándolas desde sus propias lógicas y no desde el ejercicio vertical de poder con el que han operado históricamente tales procesos.

6. Reafirmamos que el patrimonio cultural, natural y humano constituye un derecho socio – cultural colectivo que debe ser ejercido en propiedad por nuestras comunidades, pueblos y grupos, así como por cada individuo que forma parte de la sociedad, independientemente de su condición social y/o económica. Es asimismo el legado que hemos heredado de nuestros antepasados, perteneciente a todos sin distinción, y del cual somos circunstanciales albaceas, privilegiados usuarios y protectores para su futuro.

7. Conminamos a todos nuestros colegas arquitectos y profesionales vinculados al patrimonio a esforzarse por usar un lenguaje inclusivo y a promover acciones que apunten a generar un ambiente de paz y conciliación, de resolución pacífica de conflictos y un rechazo manifiesto al uso de la violencia como instrumento de imposición de cambios. 8. Igualmente, hacemos un llamado a las autoridades y representantes del Estado, a las organizaciones de la sociedad civil y a cada chileno a promover y defender con la mayor convicción el respeto por el patrimonio cultural de nuestro país y sus diversas expresiones materiales e inmateriales. Y en estas difíciles horas, como ciudadanos, pedimos a todos los sectores de la vida nacional y a nuestros compatriotas a defender ante todo y sin claudicación el respeto por los derechos humanos y a colaborar para alcanzar la anhelada paz social.

En Santiago de Chile a 12 de noviembre de 2019

COMITÉ DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y AMBIENTAL



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