DECLARACIÓN PÚBLICA “CONDENA LA DESTRUCCIÓN SISTEMÁTICA DEL PATRIMONIO EN EL MARCO DE LAS MANIFESTACIONES SOCIALES”

Frente a los hechos de violencia registrados en el país durante los días 18 y 19 de octubre de 2020, particularmente aquellos perpetrados contra el patrimonio tangible con el que contamos a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, el Comité de Patrimonio Arquitectónico y Ambiental del Colegio de Arquitectos de Chile A.G. ha elaborado una declaración donde condena taxativamente la destrucción sistemática del legado que hemos heredado.

Condenamos de la manera más categórica la sistemática destrucción a la que se han visto afectos desde hace un año nuestros monumentos públicos y patrimonio edificado, pérdidas que en este último caso afectan a inmuebles que además son altamente relevantes para las comunidades locales por ser sedes de actividades religiosas, comunitarias y culturales.

Si bien en general pacíficas, las manifestaciones sociales han derivado en repudiables ataques y destrucción por parte de grupos violentos de valiosos inmuebles, como lo han sido las iglesias de la Asunción y San Francisco de Borja en Santiago y también la Iglesia de San Francisco en La Serena. A estos recientes crímenes contra nuestro patrimonio cultural, se suman aquellos sufridos previamente por la Iglesia de la Veracruz, el ex Palacio Schneider (sede de la Universidad Pedro de Valdivia), el Museo Violeta Parra y el Centro de Arte Alameda, por sólo mencionar algunos de los muchos que sufrieron importantes transgresiones en todo Chile.

Dejemos claro que la destrucción de un bien material no es comparable con la pérdida de vidas humanas ni con atentados contra la integridad física de las personas. Sin embargo, es necesario resaltar el valor trascendente y excepcional que los bienes patrimoniales representan para una sociedad, por lo que la supresión de la totalidad o parte de estas construcciones (patrimonio inmueble) y sus objetos asociados (patrimonio mueble) constituyen pérdidas irremplazables. Aparte de ser referentes de identidad y pertenencia, promotores de la convivencia e instrumentos de cohesión para las comunidades donde se insertan, encarnan parte de nuestra historia social y urbana, y por definición son bienes escasos y no renovables. No es casualidad que, entre las múltiples demandas sociales que han emergido a la luz pública últimamente, se encuentren precisamente la protección del patrimonio y del medioambiente.

Más allá de su tutela circunstancial por una u otra institución, se trata de recursos que trascienden el derecho de propiedad, transformándose en “bienes públicos“, es decir, que pertenecen y benefician a todos los ciudadanos. Por ello, muchos de estos edificios han sido construidos, restaurados o mantenidos con fondos públicos y, por lo tanto, se atenta no sólo contra la identidad colectiva, sino también contra el acervo de todos los chilenos. Además, en el caso de las iglesias, como ha señalado el Director del INDH Sergio Micco, “se atenta indirectamente en contra de la libertad de conciencia, fundamento de la dignidad de la persona”.

Esta destrucción sistemática se produce en un contexto de aguda crisis social, política e institucional, donde se han evidenciado profundas fracturas sociales existentes en nuestra sociedad, como también el descrédito de nuestras instituciones. Reconocemos que este es un marco que dificulta la implementación de acciones preventivas o incluso la identificación de los autores materiales de estos hechos, pero aún así resulta preocupante constatar los problemas que han tenido los diversos órganos del Estado responsables para prevenir los ataques a estos bienes, algunos de los cuales ya habían sido amenazados en ocasiones anteriores.

En tal sentido, llamamos a las autoridades a quienes les compete la salvaguarda de los bienes patrimoniales a tomar las medidas necesarias para prevenir la destrucción de nuestra herencia cultural, del mismo modo que se ha hecho con la protección de la llamada “infraestructura crítica”. Proponemos a este efecto, tal como se ha realizado en circunstancias semejantes en otros países, convocar a profesionales especialistas, centros de estudio y demás autoridades, para formar un grupo de trabajo que realice a la brevedad un levantamiento y catastro de los bienes patrimoniales en situación de mayor vulnerabilidad frente a las manifestaciones, tanto en Santiago como en regiones, a objeto de establecer medidas de protección eficaces.

Independientemente lo anterior, nos parece legítimo plantear una reflexión en nuestra sociedad acerca del valor que asignamos hoy a determinados monumentos, calles o sitios urbanos, algunos de los cuales pueden resultar especialmente controvertidos para determinados grupos, como el monumento al General Baquedano o la “Plaza Italia“, también hoy referida como “Plaza Dignidad“. No obstante, tenemos la convicción que ello debe resolverse en el marco de una discusión franca, abierta y democrática. Al respecto, apelamos al derecho de los ciudadanos a la consulta libre e informada y a la búsqueda del consenso previo sobre el significado, contenido y denominación de estos recursos, y, en el caso de los bienes muebles, a su más adecuado emplazamiento.

Reconocemos que las referidas manifestaciones han develado profundas desigualdades en el acceso y el conocimiento de los bienes patrimoniales, lo cual ha sido acentuado por ciudades profundamente segregadas y fracturadas que hemos construido a lo largo de generaciones. En esta línea, urge promover el desarrollo de ciudades más inclusivas y fraternas, por lo que llamamos a reflexionar de la forma más amplia y transversal posible sobre el “derecho a la ciudad”, vale decir, ciudades en donde todos los habitantes puedan sentirse parte y disfrutar equitativamente de los servicios y beneficios económicos, sociales y espaciales que éstas brindan, incluyendo sus bienes culturales y simbólicos, como son los recursos patrimoniales.

Finalmente, reiteramos nuestro total rechazo a toda forma de violencia, independientemente de quien la ejerza, e instamos a autoridades, líderes políticos, sociales y ciudadanos a sumarse y comprometerse con este llamado. También, demandamos iniciar en el más breve plazo la reconstrucción de las áreas, edificios y objetos que han sido destruidos, como actos de reparación y compromiso con una sociedad plenamente democrática.

En Santiago de Chile, a 22 de octubre de 2020.