DECLARACIÓN PÚBLICA CONJUNTA “CRISIS SOCIAL, POLÍTICA Y URBANA”

En el marco de la creciente crisis social y política que vive el país, los comités de Hábitat y Vivienda y Patrimonio Arquitectónico y Ambiental del Colegio de Arquitectos de Chile A.G., con el apoyo de los comités de Acción social, Derechos Humanos y Ciudadanos y Desarrollo Urbano, han elaborado la declaración pública que se puede descargar a continuación:

En habida consideración de los recientes hechos ocurridos en el país, los abajo firmantes, órganos asesores técnicos y especializados del Colegio de Arquitectos de Chile A.G., declaramos lo siguiente:

1. Condenamos enfáticamente los actos de violencia que han afectado a cientos de miles de compatriotas, particularmente de la clase media trabajadora y menos privilegiada, a la cual la vulneración y destrozo de la infraestructura pública – como lo es parte importante de la red de metro – y del sistema de transporte en superficie (RED – ex Transantiago), no solo la afectarán en el obligado desplazamiento diario a sus lugares de trabajo, sino que disminuirán su calidad de vida y, por sobre todo, afectarán de manera decidida en muchos casos los ingresos económicos de millares de familias.

2. Más allá de su utilidad práctica, la infraestructura pública y especialmente el Metro de Santiago, constituyen nuestro acervo material, nuestro legado y patrimonio urbano; fuente de identidad para los santiaguinos. Por generaciones hemos destinado cuantiosos recursos materiales, financieros y humanos a su planificación, materialización y mejoramiento y por ello no es casual que siempre lo hemos cuidado con gran cariño. En tal sentido, como órganos asesores del Colegio de Arquitectos manifestamos nuestro más profundo repudio a un ataque que a todas luces se ve organizado.

3. En tal sentido, queremos hacer notar el alto grado de vulnerabilidad y precariedad de la infraestructura estratégica de nuestras ciudades, la cual ha carecido de los diseños y mecanismos eficaces para evitar su transgresión, así como también la falta anticipación de las autoridades para disponer en la contingencia de los medios necesarios, entre ellos orden y seguridad, para prevenir los daños que la han afectado y cuyo arreglo demandará ingentes recursos y plazos considerables, que en este contexto de efervescencia social probablemente será difícil tolerar.

4. Hacemos presente también que entendemos y sentimos como propio el malestar general de la población que se ha manifestado en estos días, el descontento social y la indignación imperante que ello refleja, resultado de años de abusos, marginalización, exclusión social y segregación espacial, de la que pasiva o activamente nuestra disciplina también ha sido parte. En efecto, la planificación urbana y el ordenamiento territorial han estado en gran medida al servicio de intereses particulares y grandes grupos económicos, los que han ejercido un control prácticamente sin contrapeso público, ciudadano o de los propios arquitectos sobre el desarrollo y crecimiento de nuestras ciudades y territorios; con un Estado obsecuente que no ha sabido cumplir bien con su mandato de encauzar la sociedad -y la ciudad- hacia el bien común, con espacio público de calidad e integrador, construyendo por el contrario extensiones de ciudad en las periferias urbanas carentes de equipamiento, comercio y áreas verdes necesarias para el desarrollo integral de sus habitantes, generando de ese modo una sociedad menos equitativa, injusta y desequilibrada.

5. En este errado camino, nuestra disciplina, voluntaria e involuntariamente, se ha mostrado habitualmente cooptada por tales intereses económicos y economicistas, incapaz de hacer valer sus principios éticos de servir a los más necesitados, situación que se evidencia por ejemplo en el diseño de programas de vivienda de carácter social que atentan contra el mínimo bienestar físico y psíquico de sus ocupantes y, últimamente, en los denominados “ghettos verticales” de Estación Central, o en los “nanodepartamentos”. Muchas construcciones se han materializado asimismo sin criterios de sustentabilidad ambiental y en otros casos han resultado en pérdida de numerosos y valiosos recursos patrimoniales.

6. Instamos aquí también a nuestros colegas a desarrollar una práctica profesional basada en la más alta ética, alejándose, condenando y acusando las presiones del mercado, de las inmobiliarias e incluso del propio del Estado. Presiones de las que hemos sido víctimas y que sabemos atentan contra el correcto ejercicio de la profesión. Ello, a objeto de actuar en línea con los principios que la nación nos demanda y espera que cumplamos. En este mismo sentido, instamos a la autoridad a pronto legislar para devolver la tuición ética a los colegios profesionales de todos aquellos que ejercen la profesión respectiva, sean o no colegiados.

7. En esta dramática hora que vive nuestro país instamos al gobierno a iniciar la renovación del marco jurídico legal que regula e instrumenta la construcción y desarrollo de nuestras ciudades. Creemos además necesario asumir la necesidad de una nueva Constitución, construida sobre la base de la participación ciudadana y de las demandas propias de nuestra contemporaneidad, reconociendo entre los derechos sociales, el derecho de todos a vivir en ciudades justas y equitativas, con barrios de calidad, ciudades y territorios equilibrados, amables y armoniosos, que promuevan el respeto y reconocimiento mutuo entre sus habitantes sobre la base de la valoración de las diversas identidades presentes en un país pluricultural. Asimismo, un Estado garante de nuestro patrimonio arquitectónico, urbano y ambiental.

8. En un plano mayor creemos que lo que Chile requiere es de un nuevo pacto social. Uno, donde concurran todos los sectores: políticos, económicos y sociales; compartiendo un relato común que muestre un camino claro, posible y decidido para la superación de la dramática desigualdad existente y que sea alcanzable en plazos razonables. La segregación socio-espacial que aquí acusamos no es más que la manifestación física de una sociedad desigual, conteniendo círculos de pobreza que crean la frustrante sensación en muchos compatriotas de que no importa cuánto sea su esfuerzo a lo largo de sus vidas, su situación económica no mejorará sustancialmente y que además son excluidos de la ciudad, de sus servicios y de sus oportunidades. No dudamos que a nivel agregado el crecimiento económico de nuestro país en las últimas décadas ha sido tremendamente exitoso. Ello lo demuestran índices de medición objetivos. Pero la distribución del ingreso en igual tiempo apenas sí ha mejorado y eso resulta profundamente injusto y excluyente; y como vemos, deslegitima nuestra democracia.

9. Consecuentes con nuestros planteamientos y lectura del escenario presente, nos ponemos a disposición de la autoridad, de los poderes Ejecutivo y Legislativo, para colaborar con la formulación y diseño de políticas públicas y legislación habilitante que, en definitiva, nos permitan avanzar en la generación de mejores ambientes urbanos y territorios más justos. También, para contribuir desde nuestra disciplina y saberes en enfrentar los grandes desafíos de la cohesión social que el Chile actual demanda con urgencia.

En Santiago de Chile, a 22 de octubre de 2019.

Comité de Acción social.

Comité de Derechos Humanos y Ciudadanos.

Comité de Desarrollo Urbano.

Comité de Hábitat y Vivienda.

Comité de Patrimonio Arquitectónico y Ambiental.