El relevante proceso constituyente, al cual asiste actualmente nuestro país, establece una oportunidad histórica para generar una amplia, profunda y transversal reflexión y discusión con miras a posicionar a la cultura y el patrimonio desde una diversidad de aristas, como un asunto de interés público, necesario y urgente de ser integrado a la nueva carta fundamental.
Luego del 18 de octubre de 2019 hemos sido testigos de complejos procesos de transgresión, resignificación y desmonumentalización de nuestros patrimonios, abriendo un debate público sobre la emergencia y producción de nuevos símbolos, las representaciones, la crisis del discurso patrimonial autorizado y los desafíos que presentan nuevas territorialidades de la cultura y el patrimonio. La irrupción de estas nuevas territorialidades, será un tema ineludible -explícita o implícitamente- en la profunda discusión acerca del régimen de propiedad y sus efectos, tales como la preeminencia de derechos sociales sobre privados en algunas situaciones específicas, la protección de la cultura, el derecho a la calidad de vida o el derecho a la ciudad. En estos ámbitos de discusión, se hace evidente la oportunidad del tema patrimonial.
En este sentido, el desarrollo del país debiera considerar como eje el patrimonio y la cultura, entendidos como recursos de identidades, directamente relacionados con las dimensiones sociales, económicas, ambientales y territoriales.
Nuestro objetivo como Comité de Patrimonio Arquitectónico y Ambiental es ser un aporte al proceso constituyente desde nuestra especialidad y conocimiento técnico, pero a la vez considerando como protagonistas las diferentes comunidades de interés que están vinculadas estrechamente con el patrimonio. La articulación de distintas voces, a partir de dinámicas colectivas de los últimos años son el aliciente y motivación para participar de manera activa de este momento histórico del país. Para ello, proponemos una metodología de trabajo que entrelace acciones de articulación de reflexiones y discusiones ciudadanas, académicas y de expertos; de elaboración de documentación técnica operativa para la discusión constituyente; y de instancias de inducción hacia los constituyentes receptivos con las propuestas resultantes del proceso.